Cómo se solicita una autorización CASP en España

No es asesoramiento legal. Esta página resume artículos del Reglamento (UE) 2023/1114 y páginas oficiales. No valora un expediente, una forma social ni la viabilidad de una solicitud. Eso corresponde a la CNMV y a quien asesore a la sociedad solicitante.

La autorización de proveedor de servicios de criptoactivos, cuando el domicilio social está en España, se pide a la autoridad española competente. La página de MiCA de la CNMV dice que, para prestar servicios de criptoactivos en la Unión, hace falta ser una persona jurídica u otra empresa autorizada como proveedor conforme al artículo 63, o una de las entidades financieras que el artículo 60 permite prestar esos servicios mediante notificación. La misma página atribuye la autorización de los proveedores a la CNMV o a otra autoridad europea. El mapa de autoridades de origen está en licencia MiCA por país. Qué cubre la autorización, una vez concedida, está en la guía de la licencia. Aquí está el esqueleto de la solicitud, no el impreso.

Artículo 59: no prestar sin autorización

El artículo 59, en el texto de EUR-Lex, abre el capítulo de la autorización. Una persona no prestará servicios de criptoactivos en la Unión salvo que sea una persona jurídica u otra empresa autorizada como CASP conforme al artículo 63, o una entidad de crédito, un depositario central, una empresa de servicios de inversión, un organismo rector del mercado, una entidad de dinero electrónico, una sociedad gestora de OICVM o un gestor de fondos de inversión alternativos autorizado a prestar esos servicios conforme al artículo 60. El CASP autorizado conforme al artículo 63 ha de tener su domicilio social en un Estado miembro en el que preste al menos parte de los servicios, la dirección efectiva en la Unión y al menos un director residente en la Unión. Quien no es un CASP no puede usar un nombre o una comunicación que sugiera que lo es.

El artículo 60 es la vía de la notificación para esas entidades que ya tienen otra autorización. No es la vía ordinaria de una sociedad creada para ser un exchange. Esa vía es la solicitud del artículo 62.

Artículo 62: la solicitud

El apartado 1 dice que las personas jurídicas u otras empresas que pretendan prestar servicios de criptoactivos presentan la solicitud a la autoridad competente de su Estado miembro de origen. Para un CASP, el origen es el Estado del domicilio social. Si ese domicilio está en España, la autoridad es la que España ha designado; la CNMV es quien lo explica en la página enlazada y quien aparece en las filas con origen ES de CASPS.csv.

El apartado 2 enumera el contenido. Incluye, entre otras piezas, el nombre jurídico y comercial, el identificador de entidad jurídica, el sitio web, un correo, un teléfono y la dirección física; la forma jurídica; los estatutos cuando existan; un programa de actividades con los servicios que se pretenden prestar y dónde y cómo se comercializarán; la descripción de los mecanismos de gobernanza, de control interno y de gestión de riesgos; y la información sobre los miembros del órgano de dirección y sobre los socios con participaciones significativas, incluida la ausencia de antecedentes que el artículo detalla. ESMA elabora normas técnicas de ejecución para los formularios. Esta página no reproduce ese formulario: el que vale es el que publique la autoridad.

Artículo 63: completitud y decisión

El artículo 63 obliga a la autoridad a acusar recibo por escrito con prontitud y, en todo caso, en cinco días hábiles. En veinticinco días hábiles valora si la solicitud está completa, comprobando que se ha enviado la información del artículo 62, apartado 2. Si no lo está, fija un plazo para lo que falte y puede negarse a examinarla si sigue incompleta. Cuando está completa, lo notifica. Antes de conceder o denegar, consulta a otras autoridades en los supuestos de grupo que el apartado 5 enumera, y puede consultar a las autoridades de blanqueo.

El apartado 9 da cuarenta días hábiles desde la solicitud completa para evaluar si el solicitante cumple el título y adoptar una decisión motivada de concesión o de denegación, que se notifica en cinco días hábiles. El apartado 10 obliga a denegar cuando hay motivos objetivos y demostrables de que el órgano de dirección amenaza la gestión sana, de que sus miembros no cumplen el artículo 68, de que los socios con participación significativa no tienen la honorabilidad exigida, o de que el solicitante incumple o es probable que incumpla el título. Durante la evaluación, la autoridad puede pedir más información, como tarde el vigésimo día hábil; el plazo se suspende hasta la respuesta, con un máximo de veinte días hábiles. En dos días hábiles desde la concesión, la autoridad comunica a ESMA la información del registro. Por eso una autorización nueva no aparece en esta web el mismo día: aparece cuando el fichero que leemos la trae.

Después de la decisión

Conceder la autorización no es prestar todavía en otros países. El artículo 65 exige la notificación de pasaporte, desarrollada en la guía del pasaporte. Ampliar servicios posteriores se pide a la misma autoridad, actualizando la información del artículo 62, y se tramita conforme al artículo 63. Retirar la autorización es el artículo 64: entre otros supuestos, no usarla en doce meses, renunciar a ella o no prestar servicios durante nueve meses consecutivos. El proveedor cuya autorización se retira ha de tener procedimientos para transferir de forma ordenada los criptoactivos y los fondos de los clientes a otro proveedor.

Quien estuvo inscrito en el registro de la Ley 10/2010 no presenta, por esa inscripción, la solicitud por presentada. El registro se cerró y no era esta autorización: registro del Banco de España. Quien se acogía al periodo transitorio tiene el corte del 1 de julio de 2026 en la guía de ese periodo. Los servicios que la solicitud debe nombrar, letra a letra, están en servicios CASP.

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